Está habilitada la aplicación telemática de Formación programada por las empresas para comunicar la formación prevista en el ejercicio 2019.

La primera vez que entren los usuarios que ya dispusieron de acceso al aplicativo en el ejercicio 2018 podrán hacerlo con el perfil de administrador siempre y cuando hubieran comunicado formación en el último ejercicio.

Para ello, no será necesario un certificado de persona jurídica. En ese momento, el sistema volcará la información disponible de la empresa en el último ejercicio así como los usuarios que tuvieran autorizado el acceso.

Se recomienda que el administrador revise y actualice la relación de usuarios registrados.

Si el usuario pertenece a una entidad externa que tiene encomendada la organización de la formación de empresas y no ha comunicado formación en el último ejercicio (2018), deberá entrar con el certificado de persona jurídica, registrarse como entidad organizadora, dar de alta al resto de usuarios y crear las distintas agrupaciones, si así lo considera, con la información necesaria previa a la comunicación de la formación.

La aplicación del ejercicio 2018 continuará disponible y seleccionada por defecto hasta el 31 de enero de 2019.

Los datos de cuota de formación y de plantilla para 2019, se incorporarán a la aplicación telemática en cuanto sean facilitados por la Tesorería General de la Seguridad Social.

Se mostrarán los datos correspondientes al ejercicio 2018 que se podrán modificar hasta que la Tesorería General de la Seguridad Social facilite los datos con carácter definitivo, excepto si es una empresa participante en un Grupo de empresas, en cuyo caso el dato de la cuota inicial se bloqueará y si fuera necesario su modificación lo deberán solicitar a la Fundación.

Novedades incorporadas con objeto de facilitar las notificaciones y la gestión de las bonificaciones a aplicar

• Las empresas de menos de 50 trabajadores que indicaron su voluntad de reservar el crédito de formación no dispuesto en 2018, tendrán incorporado ese crédito no consumido en el crédito asignado en 2019.
• Con objeto de facilitar la comunicación de inicio de la formación se han sustituido los turnos de mañana y tarde por tramos horarios. Así mismo se ha eliminado información de dichas comunicaciones con objeto de agilizar las mismas.
• Se posibilita la comunicación del número de pasaporte en los campos de tutor, formador y proveedor de la formación.
• Se ha incorporado la distinción entre el certificado de asistencia y el diploma acreditativo para aquellos participantes que hayan superado la formación con evaluación positiva.
• Se ha eliminado la obligatoriedad de incluir los participantes al inicio de la formación en la formación vinculada a la obtención de un Certificado de profesionalidad.
• Se ha incluido un nuevo tipo de Permiso Individual de Formación (PIF) para comunicar el acceso a los procesos de “Evaluación y acreditación de la experiencia laboral”.

Nuevas utilidades en el funcionamiento de la aplicación

• En el menú de acciones formativas se ha incorporado la posibilidad de filtrar por modalidad.
• Se ha incorporado la duración de las acciones formativas en los listados.
• A petición de las empresas se ha incluido el campo de cofinanciación en la pantalla de costes.
• Se ha incorporado una nueva pantalla para consultar la información declarada sobre la Representación Legal de los Trabajadores.
• Se ha ordenado de forma descendente el listado de XML.
• Se ha completado el resumen de actividad con un mayor número de alertas y un nuevo informe sobre el crédito reservado en el ejercicio anterior.
• Por último, se han modificado las notificaciones para que recojan los datos del firmante en todas las hojas y se ha completado la información recogida en las mismas.

Texto definitivo de la convocatoria ordinaria 2018 y un resumen de los acuerdos adoptados en el Patronato de la Fundación Estatal para la Formación en el Empleo, en su reunión del pasado 12 de diciembre.

1. Aprobar la propuesta de Convocatoria para la concesión con cargo al ejercicio presupuestario 2018, de subvenciones públicas para la ejecución de programas de formación de ámbito estatal, dirigidos prioritariamente a las personas ocupadas (se adjunta el texto de dicha Convocatoria, si bien el mismo será modificado en algún artículo, como el 18-b), para aclarar su sentido, sin perjuicio de otras posibles modificaciones que la Administración pudiera introducir con motivo de la tramitación del mismo, hasta su publicación en BOE).
2. Acuerdo en relación con el proyecto de Orden Ministerial por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de subvenciones por el SEPE y las Comunidades Autónomas, para la financiación de planes de formación dirigidos a la capacitación para el desarrollo de las funciones relacionadas con el diálogo social y la negociación colectiva.
3. Acuerdo en relación con la Resolución del SEPE por la que se aprueba la Convocatoria para la concesión de subvenciones destinadas a la financiación de planes de formación de ámbito estatal, dirigidos a la capacitación para el desarrollo de las funciones relacionadas con el diálogo social y la negociación colectiva.
4. Acuerdo sobre criterios del procedimiento para la financiación de las actividades realizadas por las Estructuras Paritarias Sectoriales, de acuerdo con lo previsto en el art. 37.3 del Real Decreto 694/2017, de 3 de julio. Ha quedado pendiente de celebración un grupo de trabajo para contrastar la actualización de los módulos económicos a incluir en el documento.
5. En relación con la posible ampliación del plazo de ejecución de la Convocatoria 2016, a pregunta de CEOE, se ha informado por el SEPE de que esa ampliación del plazo de ejecución solo se concederá individualmente, es decir, a solicitud del beneficiario interesado, que deberá indicar la ampliación que propone, que en ningún caso podrá ser superior a 6 meses.

Foto de familia de la presentación del proyecto Refuskills, con representantes de ANCED y UDIMA

Cientos de personas llegan cada día a las fronteras europeas, donde se enfrentan a la incertidumbre de ser protegidas de la mala situación de sus países de origen por parte de los receptores. Quienes consiguen la concesión del estatuto de refugiado tienen que lidiar con las dificultades para encontrar un empleo o formación para sobrevivir en su nueva vida. Ante este problema, la Asociación Nacional de Centros de e-Learning y Distancia (ANCED), la Universidad a Distancia de Madrid UDIMA), otros 12 socios europeos han impulsado Refuskills.

Se trata, en palabras de Jorge Azcárate, de la “adaptación de una plataforma de reconocimiento y validación de competencias a las necesidades de los refugiados con la que se pretende que estos vean reconocidas sus habilidades y competencias para mejorar su empleabilidad y movilidad laboral”. El presidente de ANCED describió sus objetivos en el acto de presentación celebrado en la sede de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE).

Según citó Azcárate, con Refuskills se pretende crear un “mecanismo fácil de utilizar que dé a los refugiados la oportunidad de documentar sus habilidades y competencias en su idioma” para que accedan a formación y empleo más fácilmente y ayudar a los países receptores para que identifiquen mejor las cualidades de los refugiados. También se busca agilizar el proceso de la solicitud de asilo. El proyecto, así mismo, “explora la posibilidad de utilizar un pasaporte de refugiado que establezca una base de competencias basadas en resultados de aprendizaje”, explicó.

La herramienta se basa en una página web (y previsiblemente futura aplicación móvil) en la que los refugiados especifican y ven reconocidas y evaluadas su formación y sus capacidades. De esta manera es más sencillo identificar sus competencias y los posibles empleos o carreras que podrían realizar. A través de preguntas y tests, se analizan su “capacidad para aprender, de comunicación, para trabajar en equipo, para resolver problemas, su creatividad y capacidad para innovar, de autogestión y competencias digitales”, enumeró Leif Eriksson.

El coordinador del proyecto y miembro de NTIM expuso cómo, a raíz de los datos guardados, se identifican las profesiones relevantes o más demandadas para ellos. Como punto de partida, se enmarca a los refugiados como oficinistas, personal de ventas, cocineros, camareros, soldadores, o peluqueros, citó. A la hora de “identificar y acreditar las competencias y validar la formación”, hay que llevar a cabo “todo un proceso de evaluación” que finaliza con la integración en el mercado laboral, señaló Ulla Sever.

Este se encuentra, no obstante, con la “dificultad de demostrar la calidad de cada país”, apuntó la miembro de BFI Wien. “¿Cómo comparar estándares de educación diferentes?”, se preguntó la austriaca. Para facilitar la orientación académica de los jóvenes refugiados y ayudar a los mentores en su tarea, Refuskills se apoya también en RefuNEET. La herramienta se estima necesaria si se tiene en cuenta que en el último año el perfil de los refugiados se ha situado en personas de entre 18 y 35 años, expuso María de Zabala, representante de ACNUR.

A pesar de que, señaló De Zabala, el “origen socio-económico muy diverso” de los refugiados dificulta el acceso al empleo, Eriksson se mostró optimista con Refuskills. “Juntos, puede que encontremos soluciones interesantes”, declaró. Landeta, por su parte, se mostró visiblemente emocionada en la clausura del acto. “Es un proyecto especial que hemos hecho con nuestros corazones”, recordó. “Ha resultado ser una gran experiencia y un gran aprendizaje”, finalizó.

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La falta de ejecución presupuestaria y la rigidez legal han destruido la mitad de las empresas del sector 

Cinco Días. 22 de noviembre de 2018

Durante los años de la crisis el Gobierno dejó de invertir 1.500 millones en formación para el empleo, lo que en la práctica supuso que 4,8 millones de trabajadores, ocupados o desempleados, quedaron sin cualificar. Estos datos acreditan la necesidad urgente de que el actual Ejecutivo implemente un plan de choque que impulse la formación para el empleo y remedie lo antes posible la situación. Esa urgencia se sustenta también en el hecho de que en los Presupuestos Generales del Estado para 2018 se destinan partidas específicas para la capacitación de los trabajadores, pero en lo que llevamos de año apenas se ha publicado una pequeña convocatoria para la formación digital por un importe de 50,4 millones.

La Constitución confiere a los poderes públicos la responsabilidad de asegurar el acceso a la capacitación de las personas para el trabajo y la actualización de sus competencias y conocimientos a lo largo de su vida profesional. Hablamos de una cualificación profesional –que como derecho individual recoge también el Estatuto de los Trabajadores– esencial para la empleabilidad y de la que depende en buena medida la mejora de la competitividad de la economía española.

La formación para el empleo es siempre necesaria, pero en un país como el nuestro, en el que los porcentajes de paro son todavía muy elevados y en el que una parte significativa de los desempleados no tienen una cualificación básica que favorezca su inserción en el mundo laboral, es imprescindible. Conviene además tener en cuenta que la formación para el empleo se financia con los recursos procedentes de las cuotas finalistas para formación profesional que empresas y trabajadores aportan a la Seguridad Social, a las que se suman otras cantidades otorgadas por el Fondo Social Europeo.

A la falta de ejecución presupuestaria hay que sumar la disminución de la formación programada por las empresas, tanto las grandes como las pequeñas y medianas, como consecuencia de la inseguridad jurídica, la falta de flexibilidad y la excesiva carga burocrática que conllevan los sistemas de justificación e inspección. Una minoración que se ha producido al mismo tiempo que los contratos para la formación y el aprendizaje se reducían drásticamente, a un ritmo de 130.000 contratos menos al año, debido a la desaparición de la formación a distancia y la vinculación de la actividad formativa a los certificados de profesionalidad en modalidad presencial o teleformación.

Tradicionalmente España ha contado con un sector de empresas prestadoras de servicios de formación altamente profesionalizado, que cuenta con más de 15.000 empresas. Hasta 2014, las Administraciones públicas realizaban convocatorias anuales dirigidas a los agentes sociales quienes, a su vez, contrataban con esas empresas formadoras. Las convocatorias eran recurrentes lo que le permitió al sector invertir en mejoras productivas y en la calidad de la formación, así como en el desarrollo de contenidos formativos avanzados.

A partir de la modificación que se recoge en la Ley 30/2015, reguladora del Sistema de Formación Profesional para el empleo en el ámbito laboral, los agentes sociales dejaron de participar en la gestión de los fondos y en la impartición de la formación y se trasladó ese papel a las empresas formadoras, exigiéndoles concurrencia competitiva. Sin embargo, se mantiene el sistema subvencional pensado para organizaciones sin ánimo de lucro y no para empresas inmersas en una actividad económica ordinaria.

Las convocatorias, tanto en el ámbito estatal como autonómico, no solo son escasas, sino que tienden a ser confusas y, a veces, inaplicables y con requisitos de gestión que en ocasiones rondan el absurdo. Esa situación ha ahogado el desarrollo de la actividad de formación para el empleo en los últimos cuatro años, ha provocado la destrucción de casi el 50% del tejido empresarial formativo existente en 2014 y ha afectado al colectivo de 150.000 profesionales, que han visto deterioradas sus condiciones de trabajo cuando no directamente abocados al desempleo.

La mejora de las condiciones laborales de empleados y desempleados, así como la sostenibilidad de la recuperación económica precisan de trabajadores y trabajadoras más y mejor cualificados para atender a la capacitación que demandan las empresas. Por eso es urgente la aplicación por parte del Gobierno de un plan de choque que impulse la formación para el empleo con la publicación antes de que finalice 2018 y con cargo a presupuesto 2018 de la convocatoria de oferta estatal correspondiente a este año, por un importe no inferior a 600 millones. Sería positivo que esa convocatoria planteara un escenario plurianual, que garantice una oferta formativa de calidad y permita una planificación estratégica de la formación. Los centros y entidades de formación podrían así incrementar sus inversiones en un marco de certidumbre y estabilidad normativa.

Una aplicación adecuada de la Ley 30/2015 requiere además de la contribución de los agentes sociales, sindicatos y patronal, la concurrencia de las empresas formadoras y la presencia de especialistas independientes que vuelquen su experiencia en una comisión de expertos, constituida por el Gobierno, al que tendría que elevar recomendaciones de aplicación inmediata. Esas sugerencias deberían incidir en la mejora de la identificación de las necesidades formativas y la evaluación de su impacto, el impulso a la formación programada por las empresas, la promoción de la impartición a través de las nuevas tecnologías, la reanualización obligatoria y automática de los fondos con la incorporación al siguiente ejercicio de los remanentes de crédito no asignados o la progresiva sustitución del actual sistema subvencional, entre otras. La aplicación urgente de esas medidas es esencial para relanzar las políticas de formación para el empleo, mejorar la cualificación de los trabajadores y afrontar con éxito los retos de una economía cada día más competitiva.

Juan Antonio Sánchez, Pedro Pablo Rey, Jorge Azcárate y Alfonso Aguiló son presidentes de Aegef, Cecap, Anced y CECE, respectivamente